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El Índice Chapultepec sobre la Libertad de Prensa en las Américas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) muestra este año el descenso de República Dominicana al segundo lugar, algo que, a juicio de la entidad, "no arroja muestras preocupantes de deterioro de la libertad de expresión en el país".
De acuerdo a la SIP, la posición actual del país "evidencia que quienes ejercen el rol de contrapeso a los poderes del Gobierno dominicano: propietarios y ejecutivos de medios de comunicación, periodistas integrados a asociaciones y veedores independientes, tienen y despliegan capacidad proactiva para mantener logros en el ejercicio periodístico".
La nación caribeña fue superada por Chile, al alcanzar un 2 77,75 ante un puntaje máximo de cien, indica el informe.
El Índice señala que el descenso podría describir los sinsabores que provocó en los periodistas y expertos dominicanos que valoran el estado de la libertad de expresión y las garantías con las que ejercen su oficio los comunicadores sociales, la aprobación de la Ley 1- 24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El informe de la SIP señala que la Ley "atentaba incluso contra el secreto profesional que protege al periodista y sus fuentes de información. Con la excepción de este hecho, que está en vías de solución en la etapa de emisión de este informe, no se han reportado abusos físicos, persecuciones o asesinatos contra periodistas en ejercicio. Un saldo positivo que refleja el puesto obtenido por el país en el Índice".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) agrega que el proyecto de cláusula de conciencia para los periodistas, convertido en ley en julio del 2024, y promulgado por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2024 "suma méritos al ambiente laboral de la prensa dominicana".
Pese a puntaje aceptable, hay mejoras
El índice señala que, con una valoración de veinticuatro puntos, respecto a un máximo de treinta correspondiente a la dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse, "el país obtiene un puntaje aceptable, aunque cabe subrayar que hay mejoras por alcanzar"
Indica que el flujo de información, con 7,75 de un máximo teórico de once, "evidencia que es una subdimensión en la que se debe trabajar para obtener un mejor desempeño; por su parte, los resultados de la libre expresión, con un 9, de un tope de nueve, refleja el grado de tolerancia que se respira en el país en cuanto a manifestar opiniones en medios de comunicación, redes sociales, entre otras plataformas de comunicación".
Desinformación
En lo que respecta a la desinformación, la medición queda en 7,25, ante un tope de diez.
"Está por verse en qué medida el Estado, con sus tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– que mantienen niveles bajos de influencia (0,58, 0,75 y 0,64, respectivamente, cuando la media varía entre 0,1 y 2,50), pueden incidir en casos como los que afectan a las periodistas Nuria Piera y Katherine Hernández, cuyos nombres y créditos profesionales se difunden en plataformas digitales simulando una conversación en la que invitan a invertir recursos para ganar mucho dinero con una baja inversión. Sus quejas y trámites judiciales no han resuelto el problema generado", detalla el Índice.
Conclusiones
El Índice señala que, en sentido general, "la República Dominicana tiene en el periodo posterior a este informe dos retos que se fundamentan en compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo: acoger las sugerencias que ofrecieron las asociaciones, gremios, juristas y otros sectores, para modificar la Ley de la DNI y eliminar las disposiciones que establecen graves violaciones al libre ejercicio del periodismo en la República Dominicana".
Recordó que el Tribunal Constitucional dominicano ha reconocido al menos nueve impugnaciones a esta legislación.
"Corresponderá también evidenciar que la actualización de la ley 6132 logra su cometido real, y que la creación del nuevo ente, el Inacom, logrará la funcionalidad prometida como órgano regulador con autonomía funcional y financiera", señala.
La SIP sostiene que es igualmente relevante para el informe la aprobación en el Senado de la República, el 25 de julio de 2024, del Proyecto de Ley de Cláusula de Conciencia como protección de los derechos laborales de los periodistas en la República Dominicana. La Ley entró en vigor el 4 de septiembre de 2024, con la promulgación del Poder Ejecutivo.
