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(CNN Español) –El pleno de la Cámara de Diputados iniciará este martes la discusión y votación del dictamen de la Reforma Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El debate llega en medio de críticas de la oposición, una suspensión de actividades de trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación y a pesar de la decisión de una jueza federal que suspendió provisionalmente la discusión.
Se espera que el dictamen sea aprobado ya que el partido oficialista Morena y sus aliados —Verde Ecologista y Partido del Trabajo— cuentan con mayoría calificada con un total de 364 diputados.
La reforma al sistema judicial forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el mandatario en febrero pasado para modificar diversas partes de la Constitución del país. El dictamen a debatirse contempla cuatro cambios importantes que te explicamos a continuación.
El documento del dictamen a discutir propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por voto libre, directo y secreto por un período de 12 años y no de 15, como es actualmente.
Si la reforma se aprueba, en 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces; quienes actualmente ocupan estos cargos podrían ser candidatos, informó en febrero la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Para ser elegido como ministro, los aspirantes deben tener el titulo profesional de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8,0 y de 9,0 en las materias relacionadas con el cargo a que se postula y al menos cinco años de experiencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica.
Los interesados deberán presentar “un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo”.
Para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los elegidos durarían en el cargo ocho, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación.
Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente mediante una terna, y el ganador debe ser respaldado por al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación, mientras que los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
La iniciativa señala que cada poder (Ejecutivo, Judicial y Congreso) conformarán un comité de evaluación conformado por cinco personas “reconocidas en la actividad jurídica” que deberán analizar las candidaturas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el cargado de efectuar los cómputos de la elección, publicar los resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan la mayor cantidad de votos.
Se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución a fin de reducir de 11 a nueve los ministros de la SCJN y la duración en su encargo pasaría de 15 a 12 años.
La presidencia de la Suprema Corte “se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, según el dictamen. Hasta ahora, los ministros son quienes eligen a su presidente.
Las dos salas que tiene actualmente el máximo tribunal serían eliminadas y solo se realizarían sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes para que todos tengan acceso a los temas que se discuten.
Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México que, según el Gobierno federal, es de unos US$ 8.000 mensuales.
Entre los cambios se plantea la sustitución del CJF, que se encarga de la administración de la Judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces. La propuesta busca que sea reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
El primero estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, según el documento de la reforma.
El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. El Poder Ejecutivo nombraría a uno; el Senado, a otro; y la SCJN, a tres.
Su presidencia cambiará cada dos años y será rotativa entre sus jueces conforme a los resultados de la votación.
Sus funciones contemplan la recepción de denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la Administración de Justicia.
Otro punto contemplado es la figura de “jueces sin rostro” que tiene como fin proteger a quienes resuelvan casos sobre crimen organizado.
“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras”, indica.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete miembros, uno de los cuales es el presidente de la Suprema Corte y también del Consejo; tres magistrados y jueces de Distrito, designados por el pleno de la Corte por mayoría de cuando menos ocho votos; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de México.
La reforma propone cuatro nuevas reglas:
- Justicia expedita: propone un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales.
- Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
- Justicia local: los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
- Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
Aunque López Obrador y Morena aseguran que los cambios al sistema judicial buscan responder al reclamo del pueblo para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados, la reforma ha sido blanco de críticas de diversos actores.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.
En un informe publicado en mayo pasado, señalan que “muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular. De los cuales solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
El magistrado Daniel Sánchez Montalvo, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo anteriormente a CNN que esta reforma judicial propuesta por el Gobierno representa “un ataque directo a la división de poderes”.
Sánchez Montalvo opinó que el riesgo más importante, en caso de ser aprobada, “es la afectación a la independencia judicial que tiene que regir y privar en todos los países”. Agregó que esto significa “que no debe existir ninguna influencia externa, ni interna, al momento de que los juzgadores resuelvan o emitan sus resoluciones”.
López Obrador ha defendido la reforma en distintas ocasiones. En junio afirmó, por ejemplo, que los únicos que se oponen a la ella son los “machuchones” –término con el que se refiere a personas poderosas– quienes, según sus palabras, han beneficiado a presuntos delincuentes.
“Los verdaderos empresarios quieren un Estado de derecho, los especuladores quieren un Estado chueco, ellos son los que no quieren una reforma para limpiar de corrupción al Poder Judicial”, señaló el mandatario.
Las reformas constitucionales requieren el voto de las dos terceras partes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la mayoría de los Congresos estatales.
Nota del editor: este texto fue publicado originalmente en junio de 2024.
Con información de Natalia Cano.
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