Reforma pensional será demandada ante la Corte Constitucional por atentar contra la libertad de elección y la propiedad privada

En medio de las controversias jurídicas que rodean la reforma pensional en Colombia, un nuevo grupo opositor decidió emprender acciones legales.

El colectivo ‘No con mi ahorro’ anunció la presentación de una demanda ante la Corte Constitucional, alegando inconsistencias legales en la reforma recientemente aprobada por el Congreso.

Esta acción se suma a otras iniciativas similares que buscan declarar la inconstitucionalidad de la ley, según varios sectores sociales y partidos políticos de oposición.

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Jerome Sanabria, vocera del colectivo autor de la propuesta, explicó que la demanda cuestiona específicamente cuatro artículos de la reforma, argumentando que representan una expropiación de los ahorros, violando así la Constitución.

“Nos estamos enfocando en que la reforma es violatoria, tanto de la libertad de elección de los afiliados, como de la propiedad privada”, señaló Sanabria.

Desde su presentación en el Congreso, la reforma pensional ha enfrentado a una serie de críticas. La aprobación se llevó a cabo tras un acelerado proceso legislativo promovido por el Gobierno nacional, lo cual ha sido denunciado como una violación del debido proceso. Óscar Villamizar, representante a la Cámara, también presentó una demanda de 1.200 páginas alegando que la ley “contraría los preceptos Constitucionales y legales que regulan el procedimiento legislativo”.

Villamizar solicitó, además, medidas cautelares para evitar la implementación de la norma antes de que se tome una decisión, preocupándose por posibles efectos negativos en el sistema y riesgos para los ahorros de los trabajadores.

Según el congresista, el trámite de la reforma careció de principios fundamentales como la deliberación, publicidad y socialización.

En paralelo, la Procuraduría se encuentra supervisando de cerca el proceso de implementación de la reforma, y esta situación reforzó la iniciativa del colectivo ‘No con mi ahorro’. Jerome Sanabria indicó que están recolectando firmas simbólicas de personas que podrían verse afectadas por los pilares de la reforma y las anexarán a la demanda. Esta recolección se realiza a través de formularios disponibles en las redes sociales del colectivo.

Una vez presentada la demanda, la Corte Constitucional deberá estudiarla y decidir si se unifica con la demanda ya radicada por Villamizar o si se toma una decisión en forma separada. La reforma pensional está programada para entrar en vigencia el primero de julio de 2025, por lo que se espera un pronunciamiento judicial antes de esta fecha.

Este nuevo episodio de la saga de la reforma pensional subraya el clima de división y controversia que marca su implementación, mientras que distintos sectores de la sociedad civil continúan movilizándose para buscar su anulación.

La reforma pensional aprobada en la Cámara de Representantes enfrenta una batalla después de que la oposición presentará formalmente la primera demanda en contra de esta ley ante la Corte Constitucional. Este acto sigue a las advertencias de la oposición sobre las posibles inconstitucionalidades presentes en los artículos de la reforma. La demanda, firmada por el representante Óscar Villamizar, fue registrada oficialmente el 18 de julio.

El extenso documento de 1.200 páginas argumenta que la reforma vulnera varios preceptos constitucionales y legales que regulan el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes en la República de Colombia. En su contenido, la demanda afirma que la reforma pensional contraviene los artículos de la Constitución y la Ley 5, la cual establece las reglas del juego en el Congreso.

Entre las denuncias se destacó la solicitud de suspensión provisional de la reforma mientras se completa el control constitucional, ante el temor de que su aplicación pueda acarrear consecuencias graves e irreversibles para la población colombiana cotizante o con expectativas de pensión. La demanda enfatizó que la implementación prematura de la reforma podría derivar en daños significativos, ya que su “complejidad podría ocasionar que entre en vigencia antes de completar el control constitucional”.

En su análisis, Villamizar sostuvo que la aprobación de la reforma contradijo tres artículos específicos de la Constitución y diez artículos de la Ley 5, además de violar los principios de publicidad y deliberación presentes en la legislación nacional. Según el documento, la reforma comenzó a discutirse formalmente el 13 de junio del 2024, aprobando una ponencia mayoritaria y negando la propuesta de archivo de los representantes opositores Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo .

La demanda se enfoca en tres cargos principales. Primero, argumenta que el proceso legislativo desconoció el principio de deliberación, al no conceder tiempo suficiente a la oposición para presentar su ponencia negativa y evitar la votación en bloque del articulado. Segundo, denuncia que en la plenaria de Cámara hubo una jugada inesperada al aprobarse en bloque lo votado en el Senado, ignorando los avances en la plenaria de la Cámara de Representantes. La tercera objeción se basa en la inconstitucionalidad alegada por la “falsedad contenida en la proposición aprobada”, lo que atentaría contra los principios de Buena Fe y Transparencia .

La demanda, acompañada de pruebas documentales y análisis constitucionales, sostiene que la petición cumple con los principios de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que exige la ley. Ahora corresponderá a la Corte Constitucional analizar y decidir sobre la validez de estos argumentos. El proceso de revisión podría extenderse por varios meses, y mientras tanto, se proyecta que la normativa podría entrar en vigencia el 1 de julio del 2025.