¿Pondremos fin esta veza las estafas inmobiliarias?

En el entendido de que el dominicano pone candado después que le roban y tras haberse incubado una gran estafa inmobiliaria, desmantelada a través de la llamada Operación Nido, nos preguntábamos el 7 de marzo de 2024: ¿Pondremos candados a la preventa de inmuebles?, y explicábamos que el candado se ponía estableciendo la obligatoriedad de que para tomar recursos adelantados por la compra de inmueble el desarrollador lo haga a través de la figura del fideicomiso, que asegura que no habrá sorpresas sobre el manejo de esos recursos.

Pero nos equivocábamos. El candado no se puso, lo que permitió que en febrero de 2025 se destapara otra estafa millonaria, conocida el «Caso Guepardo«, que nos llevó a hacernos otra pregunta: ¿Colombia es caso a seguir contra fraude inmuebles?

Nos basábamos en el hecho de que la regulación colombiana establece que todo constructor, sea persona natural o jurídica, que realice un proyecto inmobiliario haciendo uso de la figura de la preventa o venta sobre planos, debe constituir como mínimo una fiducia inmobiliaria de tesorería para el manejo de los recursos que los compradores entreguen con ocasión del negocio, lo que ha dado un gran impulso al sector inmobiliario y ha asegurado que los fraudes inmobiliarios en ese país brillen por su ausencia.

Otros países han adoptado regulaciones similares. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría de las transacciones inmobiliarias se utiliza una cuenta de depósito en garantía o “escrow”, donde se mantiene el dinero del comprador y los documentos hasta que se cumplan las condiciones del contrato de preventa. Además, el uso de una entidad neutral para administrar estos fondos ayuda a proteger a las partes.

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En Argentina el fideicomiso se establece por ley la herramienta del fideicomiso para la venta de inmuebles en construcción. Otros países en los que el fideicomiso ha ganado popularidad para transacciones inmobiliarias son México, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Pero si no queremos salir fuera, en nuestro propio patio podemos nutrirnos con buenas experiencias. Es el caso de los viviendas de bajo costo en proyectos beneficiados con incentivos fiscales, que la ley obliga a que sean administrados por fideicomisos y han constituido un rotundo éxito.

Pero también en el país hay centenares de fideicomisos inmobiliarios voluntarios, a cuyas puertas nunca ha asomado la estafa.

Habiendo tanto caso de éxitos no entendemos como las estafas inmobiliarias pueden seguir estando a la orden del día, llevándonos con frecuencia a hacernos la misma pregunta sin recibir respuesta.

Pero esta vez podría ser distinto. La Asociación de Fiduciarias de la República Dominicana ha salido al ruedo y hace un llamado a través de estas mismas páginas para se haga obligatorio por ley que los proyectos inmobiliarios sean manejados a través de fideicomisos, lo que, a excepción de quienes viven de las estafas, conviene a todos: a los adquirientes, que ven asegurada su inversión, a los desarrolladores, que pueden manejar más profesionalmente sus proyectos, a los corredores, cuya responsabilidad profesional es cumplir con las expectativas de los clientes, en función de la inversión realizada, y al sistema financiero, que ve asegurado el retorno del financiamiento otorgado.