Juez británico desestimó caso de disco duro de Bitcoin de 770 millones de dólares en vertedero

James Howells, un ingeniero informático de Newport (Gales), ha perdido su batalla legal para recuperar un disco duro que contenía Bitcoin por valor de más de USD 770 millones.

El disco duro, que contiene Bitcoin (BTC) acuñado en 2009, se tiró por error y acabó en un vertedero. El Ayuntamiento de Newport ha denegado el acceso al vertedero debido a restricciones de los permisos medioambientales.

Según un informe de la BBC del 9 de enero, el juez Keyser, juez de comercio de Gales, ha desestimado la demanda de Howells que pretendía acceder al vertedero de Newport para recuperar su disco duro.

Keyser dijo que el caso legal no tenía "ninguna perspectiva realista" de tener éxito en un juicio completo.

Desde 2013, Howells ha solicitado en repetidas ocasiones el permiso del ayuntamiento para acceder al vertedero, ofreciendo una parte del Bitcoin desaparecido si se encontraba el disco duro.

El caso de Howells despertó un creciente interés en 2024, en medio del histórico repunte del Bitcoin hasta los USD 100.000, que generó más de un 130% de rentabilidad anual.

Cointelegraph se ha puesto en contacto con Howells para hacer comentarios.

La saga del disco duro de Bitcoin de USD 770 millones

Howells, uno de los primeros usuarios de Bitcoin, minó 8.000 BTC en 2009, cuando no costaba casi nada hacerlo. Se deshizo accidentalmente del disco duro en 2013, cuando la criptomoneda cotizaba a solo USD 13.

Bitcoin ha aumentado más de 704.000 veces en los 12 años transcurridos desde 2013, cuando Howells comenzó su batalla legal, según muestran los datos de Cointelegraph.

Durante más de una década, Howells ha luchado por recuperar su fortuna perdida en BTC. Ha perseguido repetidamente negociaciones con el Ayuntamiento de Newport para obtener permiso para buscar en el vertedero, pero el consejo se ha negado sistemáticamente.

El ayuntamiento también se ha negado en repetidas ocasiones a reunirse con Howells en persona.

El consejo dijo el 11 de octubre de 2024, que había informado Howells "múltiples veces que la excavación no es posible" en virtud de su permiso ambiental debido a la "enorme impacto ambiental negativo en el área circundante".

Howells ha acusado al ayuntamiento de infringir la normativa medioambiental, afirmando tener "100 pruebas verificadas de forma independiente" que respaldan sus acusaciones.

Según Howells, el ayuntamiento ha estado incumpliendo su permiso de vertido "al verter arsénico, amianto, nitrato de amonio y gases de metano en el medio ambiente local".

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