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Una villa en Casa de Campo, dos lujosos apartamentos, uno de ellos ubicado en la torre Anacaona, en el sector los Cacicazgo, valorado en 360 millones de pesos y un local comercial que fue destinado al cine de Malecón Center, en la avenida George Washington, son algunas de las suntuosas propiedades que cedieron al Estado los empresarios Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo y Fernando Crisóstomo, vinculados en el caso de corrupción Operación Calamar.
Son partes de los inmuebles para completar los casi 2,000 millones de pesos que ambos señalados se comprometieron a devolver para que se les dejara fuera de la acusación penal.
Mimilo y Fernando Crisóstomo admitieron su culpabilidad en las "maniobras fraudulentas para estafar al Estado", a través del cobro de deuda administrativa, a solicitud del principal acusado en Calamar, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
El órgano acusador les solicitó un criterio de oportunidad, homologado en agosto de este año por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, cuya sentencia No. 060-2024-SRPT-00034, se le dio lectura el pasado viernes 11 de octubre.
- El acuerdo al que llegaron con el Ministerio Público es en base a su colaboración "para someter a los demás responsables" del caso de corrupción y debido a su "arrepentimiento".
Otro empresario a quien también se le aprobó el criterio de oportunidad, por lo que tampoco será perseguido penalmente, es José Arturo Ureña Pérez, y devolvió 500 millones de pesos, en efectivo y en propiedades.
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Entre los inmuebles y muebles que autorizó Ureña Pérez decomisarle, de manera voluntaria, se cita en la sentencia 14 lotes ubicados en la provincia La Vega y dos inmuebles en Higüey, así como una embarcación de marca Viking Princess Sport, Amnesia, valorada "en novecientos ochenta mil dólares ($980,000.00) que es el equivalente a cincuenta y ocho millones doscientos mil pesos dominicanos (RD$58,200,000.00) en efectivo", cuando negoció con el órgano acusador.
Entregó, además, un cheque por valor "de cuarenta millones (RD$40,000,000.00) en favor de la Procuraduría General de la República".
Los muebles, inmuebles y dinero en efectivo que se decomisaron a los tres señalados en la estafa contra el Estado ascienden a 2,316,770,078 pesos, "como reparación del dinero sustraído del erario" y se comprometen también "a testificar con respecto a la información" que conocen y contra los demás involucrados que componen "la asociación de malhechores" del caso Calamar.
En las audiencias de homologación del criterio de oportunidad, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó al tribunal que la aprobara con la condición de que se completara "el proceso de la entrega de estos bienes".
Fernando Crisóstomo entregó más de mil millones
Presentado al exministro Donald Guerrero por Mimilo, según la acusación de Calamar, Fernando Crisóstomo Herrera era quien identificaba los casos por los que se podía reclamar pagos de deuda administrativa al Estado y con los que se habría estafado al erario con más de 19,000 millones de pesos.
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Crisóstomo Herrera entregó RD$1,051,770,078.50 en la siguiente manera:
1.-El local comercial 301-A, que era utilizado para el cine Malecón Center y con un valor de 260,000,000.00 pesos. El local está en el tercer piso del mall, "con todas sus dependencias y anexidades, en el sector Zona Universitaria, avenida George Washington, Distrito Nacional".
El establecimiento posee un área de 2,700.58 metros cuadrados, el cual posee cinco salas, una con 156 asientos normales y siete Vip; la segunda sala, con 150 asientos normales y siete Vip, la sala 3 posee 237 asientos normales y 11 asientos Vip, la sala 4 posee 240 asientos normales y 16 asientos Vip, mientras que la número 5, tiene 214 asientos normales y 56 asientos VIP, esta última "es tipo teatro con camerino".
2.- Un apartamento en la Torre Anacaona , en el sector Los Cacicazgo, con una extensión superficial de 1,199.41 metros cuadrados y cotizado en 360,000,000.00 pesos.
3. También entregó otros seis inmuebles ubicados en San Cristóbal valorados en su conjunto en 371,770.078.50 pesos.
4.- Un cheque de administración por 60,000,000.00 pesos, en favor de la Procuraduría General de la República. Todo los bienes mencionados "hacen mil cincuenta y uno millones setecientos setenta mil setenta y ocho pesos dominicanos con cincuenta centavos (RD$1,051,770,078.50)"
Los faltantes, "cincuenta millones de pesos (RD$50,000.00)" para completar el total de 1,101,770,078.50.00 pesos que se obligó a devolver, se le decomisó de excedente a Mimilo, explicó la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) al Cuarto Juzgado de Instrucción.
Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo
El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) es el socio, junto a José Arturo Ureña de la empresa Trossachs Enterprises, beneficiada con contratos y pagos irregulares por parte del Estado durante la gestión del exministro Donald Guerrero, describe la acusación Calamar.
Formó parte, también con Ureña y Crisóstomo, de la creación del programa de cobro ilícito, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, durante el periodo 2016-2020, a bancas de apuestas, de loterías y colmados que tenían máquinas tragamonedas, "donde el dinero obtenido de este cobro fraudulento no entraba a las arcas del Estado dominicano".
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En el "esquema de traslado del efectivo" producto del esquema de corrupción se distribuía "desde la oficina de Ramón Emilio Jiménez Collie, que fungía como centro de acopio", en la avenida Max Henríquez Ureña, esquina Winston Churchill.
Mimilo devolvió al Estado lo siguiente:
1.- Una villa en Casa de Campo, La Romana, con una superficie en metros cuadrados de 3,398.41, ubicada en Bahía Chavón No.3, y con un valor de tasación de cuatrocientos millones de pesos (RD$400,000,000.00).
2.- Un apartamento en el condominio Torre Pedro Henríquez Ureña, con una extensión superficial de 352 metros cuadrados, valorado en sesenta y cinco millones de pesos (RD$65,000,000.00).
3.- Un cheque de administración de la entidad bancaria Banreservas de fecha 28 de mayo del 2024, por valor en pesos dominicanos de trescientos millones (RD$300,000,000.00), en favor de la Procuraduría General de la República.
La Pepca aclaró en audiencia que "la primera cantidad del primer bien que son cuatrocientos millones de pesos (RD$ 400,000,000.00), más el valor del segundo bien que son sesenta y cinco millones de pesos (RD$65,000,000.00), más los trescientos millones (RD$300,000,000.00), suman setecientos sesenta y cinco millones de pesos (RD$765,000,000.00)", pero que Mimilo hizo el compromiso de entregar RD$715,000,000.00, lo que estaba "resuelto" porque en lo que ofreció Fernando Crisóstomo "hay un déficit de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00) que ellos y de viva voz" acordaron subsanar.
Jueza rechazó solicitud de querellantes
La solicitud de las familias que también fueron estafadas por la señalada red de Calamar con la declaración de utilidad pública de sus propiedades, de que fueran acogidas sus calidades y se les resarciera con parte de los bienes que fueron objeto de devolución, fue rechazada por la jueza, al declararla "inadmisibles por falta de calidad en sus conclusiones, sin necesidad de ponderarlas al fondo".
Previamente, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, explicó que el "decomiso y los daños y perjuicios (esto último lo que reclaman los querellantes) tienen características y naturalezas totalmente diferentes".
Expuso que el Estado dominicano no está recibiendo los bienes decomisados como reparación de un daño, con una indemnización, sino el decomiso "fruto del delito".
En la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Instrucción también se homologó el criterio de oportunidad a favor de Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y el Grupo Dibefe, S.R.L, quienes debieron entregar dos inmuebles, uno ubicado en la calle Teodoro Chasseriau, No. 5267, en el sector Las Praderas, Distrito Nacional, de 583 metros; así como un apartamento en el sector El Millón.
La Pepca sometió acusación formal por el caso Calamar, que está en la etapa preliminar, contra los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y otras 31 personas físicas y 13 empresas por supuestamente estafar al Estado con más de 41 mil millones de pesos.
El robo a los recursos de los contribuyentes se habría hecho a través del pago irregular de propiedades declaradas de utilidad pública, sobornos para financiar el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana y las elecciones de 2020, así como en un proyecto de extorsión en bancas de apuestas.
