#Actualidad #DiarioLibre
Cada año, el último domingo de septiembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordas con la finalidad de visibilizar los desafíos que enfrenta la comunidad sorda en su vida cotidiana, tales como la falta de acceso a la educación inclusiva, servicios de salud adecuados, empleo digno, y su participación plena en la vida social y cultural.
De igual forma, esta efeméride busca recordar a la sociedad de que la inclusión es una responsabilidad colectiva y reivindicar el reconocimiento de la lengua de señas como un derecho humano.
Asimismo, entre los objetivos de esta conmemoración es garantizar que los niños sordos tengan acceso a educación de calidad en su lengua natural, la lengua de señas, desde una edad temprana.
En este sentido, crear programas específicos que faciliten la inserción laboral de las personas sordas, asegurando que los lugares de trabajo sean accesibles y que exista capacitación tanto para empleadores como para compañeros de trabajo.
También se pretende asegurar que los servicios esenciales, como la atención médica, la justicia y los sistemas de emergencia, cuenten con intérpretes de lengua de señas.
En países como Finlandia y Nueva Zelanda, la lengua de señas está reconocida constitucionalmente, mientras que, en otras naciones, su uso oficial aún es limitado o inexistente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 466 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de pérdida auditiva y más del 5% de la población mundial (430 millones de personas) padece una pérdida de audición discapacitante y requiere rehabilitación (entre ellos 34 millones de niños). Se estima que para 2050 esa cifra podría superar los 700 millones (una de cada diez personas).
La OMS calcula que los casos desatendidos de pérdida de audición representan un costo mundial anual de 980,000 millones de dólares. Dicha cifra incluye los costos del sector sanitario (excluyendo el costo de los dispositivos de ayuda a la audición), los costos del apoyo educativo, la pérdida de productividad y los costos sociales. Más del 57% de esos costos se producen en países de ingresos bajos y medianos.
