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La noche del 1 de diciembre de 2023, durante un chequeo en Manzanillo, Montecristi, agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront) detuvieron a un hombre con 756,000 unidades de cigarrillos dentro de una yipeta.
En ese mismo mes, la Dirección General de Aduanas (DGA) detectó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cinco millones de cigarrillos camuflados en 16 televisores, con valor por más de 64 millones de pesos. Y seis meses antes, el Cesfront detuvo en Elías Piña a Francisco Javier Ramírez con 490,000 unidades del producto también en un todoterreno.
Las publicaciones de los decomisos son recurrentes en la prensa. Son parte del esfuerzo de las autoridades contra el comercio ilícito. Pese a estas acciones, las mafias se imponen y colocan las mercancías en el mercado, lo que, además de lesionar las recaudaciones del Estado, constituye una competencia desleal para las empresas registradas.
El constante contrabando se da por todos los puntos de entrada: cruces fronterizos, principalmente; puertos y aeropuertos. Solo en marzo de 2024, la DGA destruyó 54 millones de cigarrillos, cuyo valor por concepto de evasión alcanzaría los 321 millones de pesos.
¿Operativos reales o cortinas de humo?
Las marcas más embargadas, según los comunicados enviados a los medios, son Capital (del Medio Oriente), Jaisalmer (de la India), Point y Camme II Faut (de Haití) y Gold City. Estas contribuyen a satisfacer una demanda de consumidores que abarca el 13 % de la población, según la Sociedad Dominicana de Cardiología.
Precisamente, un equipo encubierto de Diario Libre verificó que algunos colmados próximos al Barrio Chino y la Ciudad Colonial, así como también en Invivienda, Santo Domingo Este, venden la marca Capital a 10 pesos la unidad y a 150 pesos la cajetilla. Un consumidor consultado expresó que la prefiere porque es más económica y genera casi la misma sensación que cigarrillos legales.
Este medio trató de verificar con las instituciones reguladoras la lista de marcas con derecho a importarse, pero no fue posible tenerlas al cierre de este trabajo.
El modus operandi consiste en que los expendedores tienen los cigarrillos legales visibles ante todos, mientras que los otros están ocultos debajo del mostrador o en una habitación aparte.
En el caso de las paleteras improvisadas, los cigarrillos de esta marca están dentro de un cajón oculto con los legales, según verificó Diario Libre en una instalada en la esquina de las calles Sánchez y El Conde en la Ciudad Colonial.
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¿Cómo se suplen? Algunos vendedores que hablaron en condición de anonimato indicaron que los distribuidores primero pasan para ver la cantidad que les van a comprar y luego un motorista lleva el pedido.
Las ventas ocurren pese a que el Instituto Nacional de los Derechos de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) reportó 7,800 inspecciones desde el 2021 a junio de 2024.
Una investigación del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (Inesdyc) reveló el auge del comercio ilícito de mercancías en las provincias fronterizas de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.
Lo recaudado vs. lo perdido
Datos del Ministerio de Industria y Comercio señalan que, entre 2013 y 2021, el fisco dejó de percibir 29,000 millones de pesos a causa de este contrabando. En ese mismo período, según los informes anuales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), solamente se recaudaron 20,411.4 millones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 8,588.4 millones en la relación recaudación-evasión.
Para poner en perspectiva, con ese dinero que perdió el erario, el Gobierno hubiese construido la vía rápida de la Plaza de la Bandera, el puente elevadizo que sustituirá el flotante en el río Ozama, un puente paralelo al Jacinto B. Peynado, que conectará a Villa Mella con el Distrito Nacional, y otras obras contempladas con el dinero que logró el Estado con la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
29,000Millones de pesos
Dejó de percibir el Estado entre 2013 y 2021 debido al tráfico de cigarrillos
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) muestra preocupación al respecto y advierte que el problema afecta a todas las regiones, aunque ocurre más en Santo Domingo y Santiago.
Sostiene que, entre el 2015 al 2023, los cigarrillos ilegales se incrementaron en un promedio anual del 36 %, al punto de que, en la actualidad, cuatro de cada 10 cigarrillos entraron por contrabando. Además, cifra que en ese tiempo ingresaron 5,400 millones de unidades clandestinamente.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, precisa que el tráfico se incrementó a partir del 2012, cuando se promulgó la Ley 253-12, que estableció las bases para subir el impuesto selectivo al consumo específico y el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis) aplicable a esos productos.
Cita que, al cierre del 2023, la caída total del volumen en cigarrillos legales ha sido de casi 61 % en comparación con el 2012.
Pujols pone como referencia que, por cada contenedor de 40 pies de cigarrillo traficado, se dejan de recaudar aproximadamente 64 millones de pesos, tomando en cuenta las tasas del selectivo y del Itbis vigentes en 2023.
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Los decomisos
Entre el 2020 y el primer semestre del 2024, la DGA reportó la confiscación de 149.4 millones de cigarrillos, con un precio en el mercado de 1,748.7 millones de pesos, según un informe enviado a Diario Libre por esa entidad. Mientras que el Cesfront retuvo en igual período 47.7 millones de cigarrillos, para un total de 197.1 millones de unidades en cuatro años.
La mercancía es entregada al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), que se encarga de destruirla junto con otros productos confiscados.
Las estadísticas del Ceccom precisan que los derivados del tabaco representan más del 90 % del contrabando. Les siguen medicamentos con 1.3 millones unidades, 763,000 unidades de alcohol y botellas, más de 102,000 estimulantes sexuales y 36,000 botellas de clerén.
Pocas consecuencias
La Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, establece una pena de tres a cinco años de prisión, multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público y de hasta 300 veces el monto del valor aduanero de la mercancía. Sin embargo, hay pocos reportes de sometimientos y condenas ejemplares. Para junio del 2023, Industria y Comercio reportó 19 casos judicializados.
En las notas de prensa de la Procuraduría, la condena máxima fue de unos dos años de prisión para el ciudadano Félix Alexis García Guzmán, hallado culpable en 2023 de traficar ocho millones de cigarrillos, valorados en 120 millones de pesos.
Este medio solicitó la cantidad de casos judiciales sometidos por el Ministerio Público por la mafia de cigarrillos, pero esta remitió la solicitud a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Sin embargo, esta entidad aclaró que toca a la Procuraduría responder. También se le solicitó las condenas logradas por provincias, a lo que la SCJ respondió: "le indicamos que no disponemos de las estadísticas en forma requerida".
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Los industriales se muestran optimistas de que, así como se ha logrado condenas de 30 años a falsificadores de alcohol, también se impongan a los contrabandistas de cigarrillos. "La AIRD considera que es necesario mostrar que en el país existe un régimen de consecuencias para todo aquel que pretenda manufacturar o comercializar sus productos en el país sin cumplir con el andamiaje regulatorio existente", sostiene Mario Pujols
Para enfrentar el problema, hace unas semanas, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Víctor Bisonó entregaron 13 camionetas valoradas en 33 millones de pesos al Ceccom para el patrullaje en la frontera.
Además, el gobierno construye la verja perimetral de 54 kilómetros a lo largo de la frontera, y que estará dotada con equipos especiales para detener el tráfico de inmigrantes y de mercancías.
También se han fijado acuerdos a nivel público-privado, como el lanzamiento del Observatorio Industrial contra el Comercio Ilícito (OICI), donde recaban la data y unen fijan contra el problema.
"Con esta herramienta procuramos fortalecer el cumplimiento, la seguridad jurídica y la competitividad del sector industrial dominicano, con la intención de que pueda servir de insumo a las autoridades que en su día a día enfrentan la ilegalidad en nuestro país", concluye el ejecutivo.
