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(CNN Español) – Desde que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma al Poder Judicial de México ha sido blanco de críticas, protestas, advertencias y preocupación por parte de distintos sectores tanto nacionales como internacionales.
El mandatario ha defendido la iniciativa asegurando que los cambios al sistema buscan responder al reclamo del pueblo mexicano de tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados. Los críticos, en cambio, señalan que pondrá en peligro la independencia judicial.
La reforma –que pretende ser la última gran iniciativa del actual Gobierno– dio lugar a un inédito paro de labores en el Poder Judicial, críticas del Gobierno de Estados Unidos y desconfianza en los mercados bursátiles. Aquí te explicamos por qué es tan controversial.
Afectación a trabajadores
La reforma plantea la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Este planteamiento ha sido ampliamente cuestionado. Jorge Camargo, exdirector de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y académico, explicó a CNN que someter a los jueces a elección popular termina con la ruta de capacitación y méritos de la carrera judicial en la que los trabajadores acumulan experiencia y van escalando posiciones al interior del Poder Judicial.
“Hay trabajadores que tienen 15 años aspirando a ser jueces, han recorrido todo el camino judicial de preparación y esta reforma podría impedirlo porque se enfrentarían a una elección popular para la que no se han preparado”, dijo.
Riesgo para la independencia judicial
Bajo el esquema de votación popular, las candidaturas a cargos judiciales serán postuladas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, algo que –en palabras del académico y doctor en derecho Diego Valadés– le daría al presidente la “concentración máxima del poder” en la historia de México.
“El problema consiste en la pérdida de independencia de los juzgadores y es evidente que las listas que patrocine el presidente y la mayoría parlamentaria que le es afín serán las que tengan mayores posibilidades de éxito, lo que se traducirá en un quebrantamiento del Estado de derecho en el país”, dijo Valadés.
Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), coincide con este punto al señalar que “la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso”.
Mariana Campos, la directora general de la organización civil México Evalúa dijo que "el Gobierno está creando una infraestructura institucional que permitirá presiones externas sobre los jueces para que no necesariamente respondan a la ley y los hechos, sino que más bien traten de quedar bien para poder mantener su posición”.
Inversión extranjera y estabilidad económica
La reforma judicial de López Obrador también ha encendido las alarmas en diferentes sectores económicos. A finales de agosto, el banco de inversiones Morgan Stanley recomendó a sus clientes reducir su exposición a México cuando decidan invertir.
También la calificadora de riesgo Fitch advirtió que la propuesta puede afectar el apetito de inversiones y el ambiente de negocios si la implementación de la reforma impide la autonomía y la calidad del sistema judicial.
Los cambios plantean dudas por la imparcialidad para resolver conflictos entre, por ejemplo, autoridades y compañías o si la influencia del partido oficial erosiona el equilibrio de poderes en momentos que, según Fitch, la gobernanza en México es relativamente débil.
Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó en una carta pública que la reforma pondría en peligro la estabilidad económica del país.
“Estamos en un momento inmejorable por el contexto de nearshoring que terminará por desaprovecharse ante la incertidumbre jurídica que genera la iniciativa. En lo que va del año, solo el 3% de la Inversión Extranjera Directa se refiere a nuevas inversiones. El país requiere generar condiciones de confianza para aprovechar la coyuntura global y atraer más inversiones que resulten en una mayor creación de empleo”, señala.
Preocupación extranjera
Los cambios que plantea la reforma judicial también han sido abordados en el exterior. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su preocupación por la iniciativa afirmando que “podría dañar” las relaciones entre ambos países.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también señaló: "Nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), cuya revisión está programada para 2026″.
Por su parte, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, advirtió que los inversionistas canadienses están en incertidumbre total ante la reforma.
Las declaraciones desataron la reacción de López Obrador, quien calificó las opiniones como “una injerencia en los asuntos de México” y anunció una pausa en las relaciones con las embajadas tanto de Estados Unidos como de Canadá.
La Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial, ahora la discusión pasará al Senado, donde a Morena y sus aliados les falta un senador para lograr la mayoría calificada.
Con información de David Shortell, Gabriela Frías, Natalia Cano y Rey Rodríguez.
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Segun CNN
