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Un grupo de fiscales, miembros de la Asociación de Fiscales de Carrera (Adofic), externó ante Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, su rechazo a la modificación del artículo 174 de la Constitución, que es parte del plan de reforma que pretende ejecutar el presidente Luis Abinader a partir de este 16 de agosto.
Luego prender velas en la Fiscalía del Distrito Nacional, como señal de protesta, el grupo acudió a un encuentro con Peralta en la casa de Gobierno, donde expresaron sus puntos de vistas de por qué creen que no se debe alterar el artículo 174 de la Carta Magna, que trata la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público.
"Eso no le da independencia al Ministerio Público, eso no garantiza democracia dentro del Ministerio Público, expresó Edward López, presidente de la Asociación de Fiscales de Carrera (Adofic).
Warlin Tavares, miembro también de la Adofic, que agrupa a más de 400 fiscales en todo el país, calificó de "innecesario" tocar ese artículo, por lo que sugirió que esa parte se quede fuera de los planes de reformar la Constitución.
Ambos indicaron que Peralta se mostró abierto al diálogo y que para este martes, a las 10:00 de la mañana, harán otra asamblea con otras organizaciones de fiscales, a fin de seguir con el debate del tema.
El artículo 174 de la Constitución, que traba sobre la integración del Ministerio Público indica: El órgano de gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual estará integrado de la manera siguiente:
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El Procurador General de la República, quien lo presidirá;
Un Procurador Adjunto del Procurador General de la República elegido por sus pares; -
Un Procurador General de Corte de Apelación elegido por sus pares;
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Un Procurador Fiscal o su equivalente elegido por sus pares;
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Un Fiscalizador elegido por sus pares.
Los planes de Abinader
Según ha expresado en varias momentos, el presidente Abinader lo que se busca es una independencia del órgano acusador. Y, para eso, plantea en sus planes reformatorios que el procurador sea nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). También propone que el procurador sea excluido del mismo organismo.
Asimismo, plantea diferenciar la política del Estado contra la criminalidad de la investigación y persecución penal correspondiente al Ministerio Público.
