Reforma pensional de Petro quitaría una gran suma de dinero a los trabajadores que quieren jubilarse antes de tiempo

En la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, se introdujeron diversas opciones para acceder a la pensión anticipada.

Sin embargo, persisten ciertas condiciones y riesgos asociados a esta decisión. Y es que algunos trabajadores podrán optar por este beneficio antes de cumplir las semanas de cotización y la edad legal establecida, pero se enfrentarán a reducciones significativas en sus mesadas.

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La reforma aprobada en el Congreso establece que los afiliados que no están en el régimen de transición pueden acceder a la pensión anticipada al cumplir 62 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años, en el caso de los hombres. Según se explica en la nueva ley, podrán aplicar quienes no reúnan las 1.000 semanas mínimas cotizadas.

No obstante, si un trabajador decide acogerse a esta modalidad de manera voluntaria, las consecuencias financieras pueden ser considerables.

Uno de los riesgos más destacados mencionados por los analistas locales es la reducción del 3% anual por cada año que se adelante la jubilación respecto a la edad establecida (57 años para mujeres y 62 años para hombres). “Habrá una reducción del 3% anual por cada año que se adelante el cotizante a la edad de jubilación establecida”, se lee en el documento aprobado por el Congreso de la República y sancionado por el presidente Gustavo Petro.

La reducción puede afectar de manera muy grave el poder adquisitivo durante la vejez, dado que el monto de la pensión depende tanto de los años cotizados como del salario promedio.

También se resalta que la pensión anticipada puede ser solicitada en casos de retiro forzado debido a accidentes que generen invalidez. “Se reconoce mediante otros mecanismos cuando se presenta, por ejemplo, el retiro forzado por algún tipo de accidente que genera invalidez”, dice la nueva norma, que fue sancionada como ley de la República, el 16 de julio de 2024, y entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.

Por otra parte, esta modalidad está diseñada para ayudar a trabajadores en situaciones especiales, pero su aplicación debe ser considerada de manera cuidadosa.

Aunque es una opción viable para algunos, hay un riesgo importante para el poder adquisitivo al momento de la vejez. Si una persona se jubila de manera anticipada, es posible que no haya cotizado el tiempo suficiente para obtener el máximo beneficio del ahorro.

Por eso, es necesario tener en cuenta que el monto de la pensión se calcula en función de los años cotizados y el salario promedio. Por lo tanto, una decisión apresurada podría resultar en una jubilación con ingresos reducidos de forma considerable. Esto es particularmente crítico si se considera el incremento del costo de vida proyectado para las futuras décadas.

A medida que más trabajadores consideran la opción de la pensión anticipada, se debe tener en cuenta que es fundamental evaluar no solo los beneficios a corto plazo, sino también las implicaciones a largo plazo en la planificación financiera personal. Por supuesto, la decisión tiene riesgos sobre lo que será la mesada a percibir al momento del retiro.

Uno de los puntos importantes que se deben discutir en el contexto de esta reforma es el proceso de desacumulación. Este concepto se refiere a cómo se administran y distribuyen los ahorros de pensión durante la jubilación, lo que puede impactar de manera directa en la calidad de vida del pensionado.

A medida que continúa la entrada en vigencia de esta reforma, es fundamental que los trabajadores se mantengan informados sobre todas las posibilidades y riesgos asociados. Con el mercado laboral en constante evolución y la economía enfrentando desafíos globales, las decisiones de jubilación deben ser tomadas con un conocimiento sólido de las implicaciones tanto inmediatas como a largo plazo.