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La familia Mota, parte del grupo de personas que afirma haber sido estafadas con terrenos declarados de utilidad pública por el pasado gobierno, solicitó este jueves el embargo retentivo sobre las cuentas bancarias de las empresas y personas físicas, además del mobiliario e inmobiliario de los bienes, de una parte de los imputados en el Caso Calamar, por entender que que hubo un timo por el entramado de corrupción.
La solicitud de imposición de medida real, interpuesta por más de 70 miembros de la familia Mota, busca "garantizar, resguardar y recuperar las pérdidas materiales que han sufrido los sucesores Mota".
Los querellantes solicitan el embargo retentivo de las cuentas hasta el monto de 22,000,000,000.00 y acusan a los imputados del caso Calamar de violar más de 30 artículos de la Constitución dominicana, del Código Procesal Penal y del Código Civil.
La solicitud se aplazó para el 2 de octubre debido a que no se citaron a todas las partes de los demandados y se les otorgó un plazo de 48 horas para citarlas.
Entre los demandados se encuentran Juan Tomás Polanco Céspedes, Ángel Lockward, Mella, José Ramón Peralta, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Donald Guerrero, Fernando Crisóstomo, entre otros imputados del caso.
Petición temeraria
Pedro Balbuena, abogado del acusado y exministro José Ramón Peralta, calificó la medida sometida por la familia Mota de "temeraria", y "buscadera" ya que están solicitando un permiso para radicar medidas conservatorias, o sea, embargos e hipotecas judiciales.
"Son personas (familia Mota) que ni siquiera han aportado evidencias de que son herederos de lo que ellos dicen representar, a parte de lo que pretenden es una cuestión que desde el punto de vista que ellos presentaron carece de causa", dijo Balbuena.
A su parecer, esa medida de coerción real es una "perdida de tiempo" para el sistema de justicia, ya que la petición es inadmisible e improcedente.
Otra demanda
El pasado 5 de mayo la familia Mota se querelló contra del coordinador de la oficina provincial de Bienes Nacionales en La Romana, Félix Benjamín Limas Castillo, y contra los ciudadanos Juan Tomás Polanco Céspedes, el agrimensor Rafael Antonio del Rosario Castro y Juana Lidia Cedano, todos mencionados en el expediente del Ministerio Público en el caso Calamar.
