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Con el objetivo de supervisar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado peruano, el contralor general de la República, Nelson Shack, visitó Ayacucho, región que tiene 120 obras paralizadas.
Esta información fue facilitada por Shack Yalta mientras conversaba con los hombres y mujeres de prensa. Entre las obras inconclusas que se encuentran en esta región, figuran un colegio estatal de educación inicial ubicado en Cangallo, una trocha carrozable en la provincia de Víctor Fajardo y una carretera en Huanca Sancos.
“Lo más importante es resolver cada una de esas obras para el pueblo ayacuchano. El peor negocio es tener una obra paralizada, lo cual implica botar toda la plata que se ha invertido en ella”, sostuvo a los medios de comunicación.
En cuanto al dinero que se ha gastado hasta la fecha en las 120 obras paralizadas, la autoridad dio a conocer que la cifra asciende a 230 millones de soles.
“Si una obra no entra en operación, no presta servicios a los ciudadanos. Uno hace una obra para que preste servicios a la comunidad. Yo no hago un hospital para generar empleo; hago un hospital para que preste servicios de salud”, manifestó.
En otro momento de la entrevista, el contralor general de la República sostuvo que Ayacucho no está liderando los principales rankings de corrupción en el país. En ese sentido, es preciso mencionar que según el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), Maynas, Huancayo, Piura, Huaraz, Puno, Callao, Mariscal Nieto, Moyobamba, Chachapoyas y Tumbes son las diez principales provincias donde se ven una mayor presencia de problemas de corrupción.
“Si bien es cierto el año pasado Ayacucho perdió 542 millones de soles y se ha encontrado responsabilidades administrativas, civiles y penales en más de 172 funcionarios de las entidades del gobierno nacional, regional y local que operan aquí en el territorio ayacuchano, esta región no está liderando los principales rankings de corrupción”, manifestó el funcionario. Agregó que Ayacucho tiene un nivel de corrupción medio alto, no comparable con Áncash, Piura, Puno y Junín.
Finalmente, Shack Yalta dijo que quiere colaborar en la creación de un programa de integridad sobre la base de 18 indicadores objetivos que son los que miden el índice de corrupción.
El 23 de agosto, la Contraloría General de la República presentó el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) relacionado al año pasado. Este estudio nace a partir de la fiscalización que realizaron a 2815 entidades públicas, de las cuales 367 corresponden al Gobierno nacional, 558 al Gobierno regional y 1980 al Gobierno local.
“El INCO 2022 es resultado de lo que estamos haciendo en análisis de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, esto no es lo que la gente cree o lo que las encuestas dicen, se trata de data dura y pura de los sistemas de administración en el Estado. Así es como deberíamos empezar a enfocar, de una manera más objetiva, los problemas de corrupción e inconducta funcional en el Perú”, dijo el contralor Nelson Shack.
Entre las principales conclusiones que expuso es que 421 entidades del Estado tienen niveles por encima de los 50 puntos, lo que significa un nivel medio alto de corrupción. De otro lado, agregó que hay diez instituciones donde se observa este problema en mayor medida.
Según Shack, en la lista están los gobiernos regionales de Piura, Junín, Puno, Loreto y Tumbes. A ellos se les suma el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), que está bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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Según infobae.com