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En septiembre de 2014, los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez de Alto Tamaya-Saweto, fueron asesinados en la frontera de Perú con Brasil. Los principales sospechosos: los madereros ilegales que operaban en su territorio y a los cuales Chota ya había denunciado desde 2008. Más de 8 años después, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali sentenció a 28 años y 3 meses de cárcel, y una multa de 200 mil soles (51 mil dólares), a los denunciados por Chota: Eurico Mapes Gomes y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix (autores materiales), y a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta (autores intelectuales). El fallo, la sentencia más dura establecida para los casos de homicidios de protectores ambientales tanto en el país como en el extranjero, es un hito judicial.
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Aunque es una sentencia sin precedentes, las viudas y deudos de los líderes asesinados sienten que ninguna pena de cárcel será suficiente para todo el daño que han sufrido. “Veintiocho años y tres meses por la muerte de cuatro defensores ambientales, aunque es una pena de cárcel muy importante, es también una muy corta para el tremendo daño que sus asesinos han causado a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestro país”, señalaron en conferencia de prensa.
En el 2008, el apu ashéninka Edwin Chota denunció ante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Pucallpa, Ucayali, que una organización criminal dedicada a la tala ilegal de madera había invadido su comunidad, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo. Él acusaba a Eurico Mapes Gomes y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix (hoy sentenciados) como algunos de los madereros que traficaban sus árboles de caoba, cedro, shihuahuaco y lupuna. Esta denuncia pasó a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ucayali, pero fue archivada por falta de pruebas.
Fue en septiembre del 2011 cuando, cansados de la ausencia de acciones contra la tala, los comuneros de Saweto intervinieron por primera vez a los trabajadores de la empresa forestal Ecofusac. Dos meses después, en noviembre del mismo año, la Dirección Forestal de Ucayali recogió las declaraciones del representante legal de la empresa, José Estrada Huayta (hoy sentenciado como autor intelectual del homicidio), quien señaló que podría existir una superposición de la concesión de la empresa con el territorio de la comunidad, la cual aún no había sido titulada.
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Los líderes de Alto Tamaya reclamaban a las autoridades del Gobierno Regional de Ucayali la titulación de su territorio ancestral y demandaron al Ministerio Público y a la Policía Nacional intervenir en la comunidad para confirmar la deforestación de los bosques de los madereros.
Tres años después Chota fue asesinado junto con Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, en la frontera de Perú con Brasil.
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En el 2015, luego de un año del asesinato de los cuatro líderes, la comunidad de Alto Tamaya-Saweto consiguió el título de sus más de 76 mil hectáreas. Sin embargo, las amenazas a su territorio y a sus pobladores por parte de los madereros ilegales continúan, según testimonios de los mismos comuneros e imágenes satelitales de la zona.
De acuerdo con la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, en los últimos dos años se han registrado 4138 alertas de deforestación dentro de los linderos de la comunidad. En tanto, según Global Witness, en el Perú se han asesinado a 51 defensores ambientales desde el 2012 hasta el 2021. En 2022 fueron asesinados otros 8 protectores más.
Luego de escuchar la sentencia por el asesinato de nuestros esposos y nuestro padre Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, queremos decir que ninguna pena de cárcel o compensación económica nos devolverá a nuestros muertos, a los padres de nuestros hijos. Veintiocho años y tres meses por la muerte de cuatro defensores ambientales, aunque es una pena de cárcel muy importante, es también una muy corta para el tremendo daño que sus asesinos han causado a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestro país.
Los líderes ashéninkas asesinados, nuestros esposos y nuestro padre, no querían ser mártires. Solo buscaban justicia para nuestros territorios que estaban siendo invadidos por taladores ilegales, los que se han llevado nuestros árboles de caoba y de cedro, los que se acaban nuestros peces y quienes ahuyentan a nuestros animales con el ruido de sus tractores.
Ocho años después, ocho años sin ellos, seguimos teniendo el mismo problema de tala y algunas de nosotras hemos tenido que salir de nuestra comunidad de Alto Tamaya – Saweto por seguridad y para lograr justicia por sus muertes.
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Según infobae.com
